• 29-May-2016
  • ACTUALIDAD JUBILADOS

A partir del fallo Badaro, alrededor de 20.000 jubilados y pensionados, reclaman el inmediato ajuste de su haber jubilatorio, en una acción colectiva patrocinada por el Dr. Eugenio Semino. Dicha presentación está en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2010 (clic en el título para leer, además, los considerandos de  la resolución)

Buenos Aires, 22 de febrero de 2008.-

 VISTO:

 

                        Las actuaciones nros. 7844/07 y 299/08, iniciadas por beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, quienes denuncian ante esta Defensoría del Pueblo la falta de actualización de sus haberes en forma proporcional a los ingresos de los trabajadores activos, y la consecuente pérdida de su poder adquisitivo.

 

 

 

Y CONSIDERANDO QUE:

 

                                               El día 26 de noviembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió[1] declarar la inconstitucionalidad del art. 7º, inc. 2, de la Ley nº 24.463 de solidaridad previsional, disponiendo el ajuste de la prestación del actor a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, en un porcentaje del 88,6%. Dicho pronunciamiento puso de manifiesto el menoscabo que sufre el sector pasivo en sus haberes afectando los derechos humanos más esenciales de los adultos mayores, como son la vida, la salud y la vivienda.

 

                                               El nuevo criterio que la Corte fijó al aplicar la movilidad a los haberes jubilatorios por imperio de la Constitución Nacional[2], se transforma en una bisagra para el reconocimiento del referido derecho a toda la clase pasiva.

 

                                               Tal pronunciamiento movilizó a jubilados y pensionados, en una cantidad que supera holgadamente a los 10.000, ha reclamar ante esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el amparo del derecho conculcado, solicitando llevar adelante en forma conjunta el reclamo de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley nº 3, en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y demás leyes.

 

                                               Integran la presente tres Anexos en copias debidamente certificadas, al sólo efecto de registro y archivo en esta institución; de las planillas firmadas por los jubilados y pensionados suscriptas ante esta institución, cuyos originales se reservan a los efectos judiciales que pudieren corresponder. Asimismo, es del caso mencionar que se encuentran en esta Defensoría, aproximadamente 5000 reclamos, efectuados mediante correos electrónicos, cartas y/o fax.

 

                                               Los antecedentes respecto a la movilidad de los haberes jubilatorios se remontan a la reforma constitucional de 1957, con la incorporación del art. 14º bis a la Carta Magna, que define en su último párrafo los derechos sociales y las garantías del trabajador, el cual reza en su parte pertinente: “…El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

 

                                               Más tarde, la Ley nº 14.499 y su Decreto Reglamentario nº 11.732/60 que entraron en vigencia a partir de 1961, establecieron el sistema del 82% móvil de la última remuneración, es decir, estableció la movilidad de los haberes en función de los cambios que experimentara la remuneración del trabajador activo en idéntica función que ha ocupado, oportunamente, el agente pasivo, generando su implementación un sistema de equidad y seguridad jurídica para dicho grupo etario.

 

                                               Posteriormente la Ley nº 18.037 (año 1969) redujo el porcentaje de movilidad y su relación directa con los haberes de los trabajadores de la misma actividad. Así, en su art. 45º fijó que el importe de los haberes sería igual al 70% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los tres mejores años calendarios computados en el período de los últimos diez años que tuvo el trabajador cuando estaba en actividad.

 

                                               Para esta actualización el art. 48º dispuso que se utilizará un coeficiente correspondiente al año de la cesación en la actividad, establecido por el Poder Ejecutivo en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones.

 

                                               Así, la Secretaría de Seguridad Social debía ser la encargada de elaborar una encuesta permanente ponderando las variaciones producidas en cada una de las actividades significativas, con relación al número de afiliados comprendidos en ellas.

 

                                               Finalmente el art. 51º estableció la movilidad de los haberes; la cual se efectuaría anualmente mediante el coeficiente de actualización (fijado por el Poder Ejecutivo según variaciones del nivel general de las remuneraciones) que se aplicaría sobre el último haber, en la fecha y forma que estableciera la reglamentación.

 

                                               Es decir que los haberes se liquidaban inicialmente según las remuneraciones individuales que tuvo cada trabajador, actualizándolos (a la fecha de jubilarse) conforme un índice general de variación de remuneraciones, reactualizándose cada año según ese mismo índice.

 

                                               Posteriormente, en el año 1994, con el art. 32º de la Ley nº 24.241 (régimen actualmente vigente de jubilaciones y pensiones) se dispuso que los haberes de las prestaciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones serían móviles, pero ahora en función de las variaciones del valor de un nuevo índice llamado Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO).

 

                                               Este AMPO se obtiene dividiendo el promedio mensual de los aportes de todos los trabajadores en actividad, que ingresan al sistema de seguridad social. Para ello se toma la variación entre dos mediciones consecutivas (hechas en marzo y septiembre de cada año), esta variación no puede jamás ser consecuencia de una disminución del haber.

 

                                               Es dable destacar que el art. 160º de la Ley nº 24.241 establecía que a partir de su entrada en vigencia -octubre de 1994-, la movilidad de las prestaciones, se efectuaría conforme las variaciones del AMPO, pero que la movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicaciones de leyes anteriores, debía hacerse de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrada en vigencia de las mismas. Es decir que para las personas que ya estaban jubiladas o habían comenzado este trámite, su haber jubilatorio se actualizaría por el art. 51º de la Ley nº 18.037.

 

                                               Pero, la Ley nº 24.463 (1995), llamada de Solidaridad Previsional, consagró un régimen de movilidad totalmente diferente, con un nivel de protección menor que el que tenían los existentes hasta el momento de su entrada en vigencia y con la eliminación de ajustes basados en la comparación con indicadores salariales, mediante la derogación del citado art. 160º de la Ley nº 24.241 que mantenía vigente al art. 51º de la Ley nº 18.037.

 

                                               También contribuye a demostrar el objetivo de la norma bajo análisis, el hecho que suprimiera los aumentos según las variaciones del AMPO y la prohibición de disponer recomposiciones sobre la base de las remuneraciones individuales, sustrayendo todos los beneficios de los parámetros de recomposición.

 

                                               La Ley de Solidaridad Previsional fija un nuevo sistema de “movilidad” de las prestaciones en su art. 7º, pero diferenciando tres situaciones:

 

§   La movilidad de las prestaciones por períodos anteriores al 1º de abril de 1991, se rigen por un índice fijado por la misma Ley de Solidaridad Previsional.

 

§   Las correspondientes a períodos entre el 1º de abril de 1991 y 31 de marzo de 1995 se ajustarán según un índice fijado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 

§   A partir del 1º de abril de 1995, todas las prestaciones tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto.

 

                                               Asimismo este art. 7º dice que “Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas. “En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”.

 

                                               Con este nuevo sistema se ha puesto en manos del Congreso de la Nación el establecimiento de la movilidad jubilatoria, mediante su asignación en el presupuesto de cada año y se elimina la relación entre el ingreso de los trabajadores y los pasivos.

 

                                               Pero este sistema de movilidad (inc. 2 del art. 7º) de los haberes de los pasivos -en los hechos- no fue respetado por el Congreso Nacional ya que, en sucesivas Leyes Presupuestarias, se omitió toda referencia al régimen de movilidad.

 

                                               En los más de diez años transcurridos desde la sanción de dicha ley, existió en la práctica una total desprotección a los derechos de jubilados y/o pensionados.

 

                                               Las Leyes de Presupuesto nros. 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y 25.967, no contuvieron previsión alguna de incremento de las prestaciones, ni han señalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran concederlos.

 

                                               El deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, forzó al Gobierno Nacional a desarrollar políticas paliativas, mediante la aplicación de medidas parciales que en un intento de reparación incrementó el valor del haber mínimo de los beneficios previsionales, a través de los Decretos nros. 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05, 764/06 y 1273/05

 

                                               Dichos decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo en la materia, como ha quedado dicho, han otorgado solamente aumentos a las jubilaciones mínimas, mientras que con el Decreto nº 764/06, se otorgó un subsidio de un 10%, pero sólo para los que cobran menos de $1000.- (pesos mil), por lo que jamás se subsanó la merma sufrida en los beneficios superiores a los $1000.- (pesos mil).

 

                                               Quienes ya venían sufriendo la pérdida del poder adquisitivo por la “inmovilidad” de los haberes, se vieron afectados gravemente ante las profundas transformaciones en el marco económico que implicó la salida de la convertibilidad y la profunda crisis generada en consecuencia. Así, no sólo perdieron capacidad adquisitiva, sino que se produjo un achatamiento de la pirámide jubilatoria, ya que aquella parte del sector pasivo que percibían haberes superiores a la jubilación mínima pero menor a $1000.- (pesos mil), sólo se le ha dado un aumento del 10%, y en muchos casos han sido alcanzados por el monto jubilatorio mínimo. La consecuencia es que la proporción de jubilados que cobran el mínimo pasó del 27% en el año 2001, al 63% actualmente. Sólo aquellos que estaban inicialmente en la base retributiva tuvieron aumentos, mientras que, los  adultos mayores que cobraban más de $1000.- (pesos mil) no han visto incrementar sus haberes en los últimos diez años[3].

 

                                               Resulta necesario señalar que, la Corte Suprema mediante sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, en la referida causa Badaro, había exhortado al Poder Legislativo a dictar una ley que estableciera las pautas de la movilidad jubilatoria, entendiendo que la misma es un derecho constitucional de raigambre social, para lo cual es menester que su cuantía mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores[4].

 

                                               En este sentido la Corte manifestó que la implementación del precepto constitucional de la movilidad jubilatoria (art. 14º bis), está dirigido primordialmente al legislador. Por ello, es facultad del Poder Legislativo establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación que presenta una indudable traba, ya que no puede alterarla sino que se limita a conferirle la extensión y compresión previstas en el texto que la enunció y que manda a afianzarla. Señala entonces la necesidad de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo[5].

 

                                               La Corte Suprema ha entendido en el caso Badaro que los porcentajes establecidos no han derivado de un criterio de movilidad válido que haya contemplado los incrementos de salarios, ni de la recaudación previsional o la evolución de las cuentas públicas, ni de una fórmula objetiva que permita inferirlo. Es decir, no se tuvo en cuenta la totalidad de recursos acumulados en la A.N.Se.S., así como aquellos otros que pudieron utilizarse sin menoscabar la prudencia en el manejo de las cuentas públicas, por lo que siguió primando la discrecionalidad e incertidumbre en materia de movilidad del haber. Así, esta política de achatamiento previsional ha financiado la recuperación del haber mínimo a expensas del resto de las prestaciones.

 

                                               Por lo tanto, resulta que los actos producidos e instrumentos aplicados sobre la cuestión de fondo sólo se han traducido en la afectación de derechos humanos fundamentales de jubilados y pensionados.

 

                                               En un intento de enmendar la inseguridad jurídica producida por la omisión legislativa, el Congreso a fin de cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema en el Fallo Badaro, y ejerciendo por vez primera la facultad de fijar la movilidad de los haberes jubilatorios, conferida por la Ley de Solidaridad Previsional, incrementó los haberes de los jubilados y pensionados en un 13% -art. 45º de la Ley 26.198- (de Presupuesto para el año 2007).

 

                                               Pero mediante el art. 47º de la citada ley ut supra mencionada, el Congreso delegó su facultad de reglamentar la movilidad en el Poder Ejecutivo Nacional.

 

                                               Por Decreto nº 1346/07 el Poder Ejecutivo fijó un incremento en los haberes de las prestaciones que asciende a un 12,5% aplicable a partir del mes de septiembre del año 2007.

 

                                               Si el crecimiento que registra la economía nacional y estrictas razones de justicia social producen que el Estado Nacional asuma la responsabilidad en la redistribución de la riqueza, dicho ejercicio, en relación a la asignación de recursos destinados a este sector, ha puesto de manifiesto que frente al universo de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la equidad e igualdad fueron términos excluidos, y que las medidas adoptadas no han constituido el fin que persigue la Seguridad Social.

 

                                               Ha quedado demostrado que la Ley de Presupuesto nunca estuvo integrada con partida alguna referida a la movilidad. Tampoco la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, establece previsión alguna.

 

                                               Transcurrido el plazo razonable a que aludía el fallo del 8 de agosto de 2006, sin que el Congreso regule la movilidad de las jubilaciones, el día 26 de noviembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió[6] declarar la inconstitucionalidad del art. 7º, inc. 2, de la Ley nº 24.463 de Solidaridad Previsional, disponiendo el ajuste de los haberes del actor desde el 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006 en  un porcentaje del 88,6%, toda vez que ese porcentaje fue el crecimiento del nivel general del Indice de Salarios informado por el INDEC. El Tribunal aseveró el menoscabo que sufren los jubilados y pensionados respecto de sus haberes y cómo se ven afectados los derechos humanos más esenciales de los adultos mayores, como lo son la vida, la salud y la vivienda, por lo que en ejercicio de los poderes implícitos que hacen a la salvaguarda de la eficacia de la función judicial, como órgano supremo y cabeza de uno de los poderes del Estado, efectuó su propia valoración para el caso concreto.

           

                                               En este punto, sostiene que la inacción del legislador se ha traducido en una evidente lesión al carácter sustitutivo del haber, al no reconocer la naturaleza de las prestaciones previsionales y su custodia vinculada íntimamente con los grandes objetivos de justicia social que persigue el art. 14º bis de la Constitución Nacional. Así, el Tribunal ha reafirmado las facultades inherentes al Congreso de la Nación para establecer los incrementos en las prestaciones -mediante la Ley de Presupuesto Anual-, y ante su omisión surge la declaración de inconstitucionalidad de ese sistema (art. 7º, inc. 2 - Ley nº 24.463 de Solidaridad Previsional) al demostrarse el perjuicio concreto ocasionado a los interesados.

 

                                               En el art. 75º de la Constitución Nacional se enumeran en tres incisos diferentes las facultades y deberes del Congreso que afectan el derecho jubilatorio de los adultos mayores, estableciendo que corresponde al Congreso “dictar los códigos... del Trabajo y Seguridad Social”[7]; “sancionar leyes...que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”[8]. Y finalmente expresa que el Congreso debe “legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”[9]

 

                                               Como ya lo manifestamos anteriormente, la Corte ha dicho que “no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego (...) para lo cual debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular, a los ancianos, norma que descalifica todo accionar que en la práctica lleve un resultado que afecte tales derechos”[10].

 

                                               Señala además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador”,[11]. Es una facultad y un deber del Poder Legislativo Nacional establecer una ley de reajuste por movilidad.

 

                                               En este sentido existen en ambas cámaras del Congreso Nacional diversos proyectos de ley que surgieron como consecuencia de la sentencia en el caso Badaro. Cada proyecto establece pautas diferentes respecto a cómo se determinaría la movilidad de los haberes. No es misión de esta Defensoría expedirse sobre cuál será el índice más adecuado, pero sí como órgano de contralor de garantía adelantamos que deberá ser aquél que efectivamente respete el poder adquisitivo de los jubilados.

 

                                               Los proyectos que se encuentran en el Senado de la Nación son los formulados por las senadoras Bortolozzi y Escudero.

 

                                               La senadora Bortolozzi propone como índice de movilidad la utilización del Coeficiente de Variación Salarial, cuya metodología de cálculo se estableció por el Decreto nº 1242/02 y comprende las variaciones de los salarios tanto del sector público, como del privado en cada mes, aclarando que para la obtención de los salarios se efectuará una encuesta de periodicidad mensual a las empresas del sector privado y se recabará información mediante los circuitos administrativos correspondientes al sector público.

 

                                               Asimismo, se encuentran en tratamiento en la Cámara de Diputados otros proyectos, entre los cuales se destaca el presentado por el diputado Díaz Roig que propone utilizar como índice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que es el elaborado por la Secretaría de Seguridad Social.

 

                                               También hay un proyecto de la diputada González, que propone un nuevo índice denominado “Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad”, compuesto en un 50% por el aumento de los trabajadores registrados en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, un 23% por el aumento de los recursos previsionales y un 27% por el aumento de los recursos fiscales aplicados al sistema previsional.

                        

                                                               El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comúnmente conocida como Protocolo de San Salvador establece que “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica ...”[12].

 

                                               Por otra parte, la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos al bloque de legalidad que nuestra Constitución Nacional reconoce a partir de la reforma de 1994, -art. 75º inc. 22-, que establece como principio general, el de la supralegalidad de los tratados internacionales, así los tratados prevalecen sobre las leyes. Este principio implica el abandono de la jurisprudencia de la Corte Suprema vigente hasta 1992, que no reconocía el rango supralegal de los tratados[13]. Este derecho internacional de los derechos humanos ostenta perfiles que lo distingue del derecho internacional común, general o clásico. Los tratados sobre derechos humanos, si bien responden a la tipología de los tratados internacionales, son tratados destinados a obligar a los Estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones internas, es decir, a respetar en esas jurisdicciones los derechos que los mismos tratados reconocen directamente a los hombres que forman la población de tales Estados. El compromiso y la responsabilidad internacionales, aparejan y proyectan un deber "hacia adentro" de los Estados, cual es el ya señalado de respetar, en el ámbito interno, los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado parte. Cuando una constitución, ley suprema que encabeza al orden jurídico interno, contiene un plexo de derechos, éste participa en lo interno, de la misma supremacía que goza la constitución a la que pertenece. Hay pues, una afinidad: el derecho internacional sitúa a los derechos humanos en su cúspide, y el derecho interno ubica de modo equivalente a la constitución que incorpora los derechos a su codificación suprema. La fuerza y el vigor de estas características del derecho internacional de los derechos humanos se reconocen fundamentalmente por dos características: a) que las normas internacionales sobre derechos humanos son ius cogens, es decir, inderogables, imperativas, e indisponibles; b) que los derechos humanos forman parte de los principios generales del derecho internacional público. Hay derechos aunque no haya normas que los declaren y reconozcan, “cuando falta la norma, el operador debe fabricarla, lo cual es -ni más ni menos- integración del orden normativo lagunoso, según la iusfilosofía de Werner Goldschmidt a la que siempre adherimos” [14].

 

                                               De la interpretación de los arts. 14º bis, 17º y el mencionado art. 75º inc. 22, podemos inferir que se vulneran los derechos fundamentales de la clase pasiva, al no poder acceder a una jubilación y/o pensión móvil, consagrada claramente en la Constitución Nacional.

                         

                                               En fecha 16 de diciembre de 1991, las Naciones Unidas adoptaron criterios rectores de políticas públicas para las personas mayores[15]. Allí se estipuló que las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, independencia, participación en la sociedad, poder disfrutar de los cuidados de la familia y la sociedad y tener acceso a recursos que les permitan desarrollar sus potencialidades[16]. En la medida en que dichos principios rectores no se cumplen, tendremos una violación del principio de igualdad, contemplado en el art. 16º de la Constitución Nacional.

 

                                               La Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada también a nuestra Constitución, establece que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable[17]. La misma Convención expresa que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”[18]. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los Estados tienen la obligación legal de suministrar recursos internos. Así, ha dicho que “los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (...), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción”[19].  

 

                                               En los casos planteados en las actuaciones tramitadas a fin de contemplar una solución adecuada al problema del haber pasivo, “nunca más que ahora frente a la vertiginosa aceleración histórica, es necesario que, la solución de todo conflicto judicial recaiga en un tiempo razonablemente limitado, de modo que la garantía de la efectiva tutela que anida en el marco del proceso, satisfaga los valores de pacificación, justicia y seguridad”[20]. El derecho a un proceso dentro de un plazo razonable constituye un derecho autónomo, sin embargo, resultaría imposible que cada jubilado realizara un juicio, no sólo por el tiempo que en la práctica judicial ello acarrea, sino porque las presentaciones ante la justicia son idénticas en su esencia: todos ellos piden un reajuste de haberes. Por lo expuesto, se reafirma la necesidad de una actuación colectiva, como la presente. Asimismo, por razones biológicas y económicas, la intervención de la Defensoría del Pueblo como órgano de contralor de garantías, se configura como único remedio procesal ante la ausencia de legislación para hacer valer la garantía constitucional del art. 14º bis.

 

                                               En el daño derivado de la inconstitucionalidad por omisión, resulta identificable una causa fáctica homogénea socialmente, que tiene como presupuesto en común en el adulto mayor casos extremos de depresión y suicidio, que generalmente determinan o agudizan múltiples lesiones a la salud que, aunque menos notorias, acortan la vida de los adultos mayores. Aunque no existe suficiente conciencia al respecto, este panorama resulta por demás siniestro y de hecho, expone en tal caso la indiferencia del legislador que durante un largo tiempo se ha abstenido de tomar el conjunto de medidas necesarias para hacer efectiva la garantía constitucional, mostrando con su silencio, una indiferencia hacia los adultos mayores sí se pretendiese que éstos tengan que litigar, en forma individual, contra la Administración Nacional de la Seguridad Social para solicitar los alcances de la causa iniciada por el señor Adolfo Valentín Badaro.

 

                                               La disciplina constitucional coincide en que los derechos colectivos, también llamados “derechos de incidencia colectiva” constituyen los denominados "derechos de tercera generación", debido a su reciente aparición y a la posterioridad de su creación con respecto a los derechos de "primera generación".

 

                                               Dentro del grupo de los derechos de “primera generación” podemos encontrar aquellos derechos que surgen como consecuencia del constitucionalismo liberal del Siglo XIX. Asimismo, dentro del grupo de los derechos de “segunda generación" se enrolan los derechos nacidos como consecuencia del constitucionalismo social.

 

                                               El rasgo distintivo de los derechos de tercera generación entre los cuales se encuentran los derechos de incidencia colectiva es que sus titulares no son solamente los individuos, sino también agrupaciones o asociaciones, comprendiendo este concepto desde simples grupos hasta la sociedad en su conjunto.

 

                                               Por su parte, Sagüés[21] postula que los derechos de "tercera generación" "son derechos modernos, no bien delimitados, cuyos titulares son personas, grupos y la sociedad toda". Considera que hallan su fuente constitucional en el art. 33º (derechos no enumerados) y parcialmente en el art. 14º bis, además de las formulaciones expresas que la reforma de 1994 incluyó en los arts. 41º y 42º”.

 

                                               Quiroga Lavié[22] acentúa el carácter "colectivo" de estos derechos, como opuesto a derecho "individual" de los integrantes de la clase afectada, y encuentra en ello su nota diferenciadora: "suscita polémica el alcance del concepto derecho de incidencia colectiva, lo cual tiene impacto en el tema de la legitimación para solicitar su tutela”.

                                                                

                                               El mismo autor va más allá y sostiene que los derechos de incidencia colectiva son también los derechos individuales divisibles y mensurables, en relación con el objeto materia de su prestación, cuando resultan equivalentes entre sí y la afectación que han sufrido ha sido producida por un acto administrativo único aplicable de un sector o grupo determinado de personas. Es decir que el colectivo se configura tanto por el objeto único e indivisible en materia de la prestación, o del bien objeto del goce, como por el acto único, administrativo o no generador de perjuic

 

Dejenos su comentario